20 muertos y 10 heridos es el saldo de un amotinamiento e intento de fuga reportado en la cárcel de El Turi, en la ciudad sureña andina de Cuenca, Ecuador, donde la Fiscalía desde las primeras horas de hoy ya realiza una investigación previa.
El Gobierno informó anoche que envió 800 efectivos militares y 200 policiales a la ciudad sureña andina de Cuenca para intentar controlar la situación en la prisión de 1.708 reos.
Después de las 19.30 (las 20.30 en Miami), la Fiscalía confirmó que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 20 y el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, agregó que al menos cinco de los cadáveres fueron mutilados.
Carrillo señaló que los cuerpos hallados fueron enviados al centro forense para su reconocimiento, proceso que demanda «entre una y dos horas».
El funcionario reveló que si bien ya no se registraban incidentes dentro del penal, aún había presos armados, según el diario local El Comercio.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró que se estaba brindando «acompañamiento psicológico y psicosocial» a parientes de los presos, y que el gobierno ayudaría a los familiares de las víctimas para la adquisición de los féretros.
Pasaron las horas, mas muertos
El número de víctimas fatales fue aumentando sucesivamente de 11 en el primer reporte de la prensa local a 12, a 13 y a 19 en los primeros partes oficiales, aunque estos advirtieron que era posible que hubiera más fallecidos.
Más temprano, Carrillo sostuvo que el motín se produjo porque «hay una organización que quiere tener el poder absoluto dentro del centro y hay otras células que se han rebelado», según la agencia de noticias AFP.
«El amotinamiento no está controlado y las detonaciones continúan al interior de la cárcel de El Turi», reportó poco después de las 13 (las 14 en Miami) el diario local El Comercio en su cuenta de Twitter.
El periódico agregó que los uniformados intentaban «controlar a los presos con bombas lacrimógenas y destacó que la cifra preliminar era entonces «de 11 asesinados decapitados».
El inicio del caos
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) detalló que a la 1.30 (0.30 de Miami) «se activaron los protocolos de seguridad en la prisión».
Lasso ordenó que se desplazaran hasta El Turi la secretaria Ordóñez; el ministro de Defensa, Luis Hernández, y el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.
La Policía afirmó que había «desplegado unidades especializadas” en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas «para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes».
Carrillo advirtió que el «Gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y el radicalismo dentro de los centros penitenciarios».
Vecinos del centro penitenciario afirmaron que escucharon múltiples detonaciones, como de disparos y bombas, y vieron cómo comenzaban a llegar patrulleros de la Policía Nacional.
También comenzaron a concentrarse en los alrededores del penal familiares de los internos, avisados por teléfono por ellos de lo que estaba ocurriendo.
El 23 de febrero de 2021, un motín en el mismo penal dejó 34 reclusos asesinados, la mayoría de ellos decapitados y desmembrados.
El Turi es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Ecuador y en febrero pasado albergaba 1.708 reclusos.
Un informe de fines de 2021 detectó allí 12 fallas en los sistemas de seguridad y control, según El Comercio.
Iniciativa del Gobierno
A fines de febrero, Lasso anunció que invertiría este año 27 millones de dólares en la rehabilitación de presos y que indultaría a reos que hayan cumplido 40% de sus condenas, como parte de un plan para superar la crisis del sistema carcelario.
Ecuador enfrenta severos problemas en ese sector, que se manifestaron el año pasado con enfrentamientos entre bandas dentro de penales, que dejaron 331 muertos, lo que llevó al Ejecutivo a imponer 60 días de estado de excepción.
Con 65 prisiones con capacidad total para unas 30.000 personas, en Ecuador hay actualmente unos 39.000 reclusos, de los cuales 15.000 aún no tienen sentencia.
Por último, Carrillo afirmó: «Las cárceles, lastimosamente, se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente; pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias», finalizó.
